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Agua para [email protected] pide que la Ley General de Aguas sea dictaminada en parlamento abierto

Publicado julio 20, 2020, 4:14 pm
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MÉXICO.- La Coordinadora Nacional Agua para [email protected], Agua para la Vida, que articula investigadores, pueblos y comunidades, organizaciones sociales de todo el país, celebra la presentación de la Iniciativa de Ley General de Aguas (LGA) a la Comisión Permanente hoy.

De esta manera la Legislatura está comprometiéndose con el cumplimiento del mandato de la reforma Constitucional de febrero 2012, que exigió dentro de 360 días, la aprobación de una Ley General de Aguas que sentaría las bases para lograr el “acceso equitativo y uso sustentable” del agua a través de la participación ciudadana y gubernamental.

La pandemia de Covid 19 en curso ha venido a subrayar la importancia de lograr poner en el centro el papel del agua para para sostener la salud y la vida. Los integrantes de Agua para [email protected] informan que vigilarán que el dictamen fortalezca los derechos humanos al agua y el saneamiento, acceso, equidad, justicia hídrica, participación ciudadana y rendición de cuentas que nuestro país necesita y desalentar cualquier acción que privatice su acceso.

Señalan los siguientes avances en la Iniciativa del Diputado Flores Anguiano:

-Se crean mecanismos para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en su territorio y para la restitución de aguas despojadas

-No permite la privatización de sistemas municipales ni de obras hidráulicas

-Los Consejos Regionales propondrían ternas para el Director de su Organismo Regional, y podrían bloquear la autorización de concesiones que vulnerarían su derecho al agua

-No permite el uso de aguas nacionales para la extracción de hidrocarburos

-Los recursos públicos solo podrían ejercerse para la ejecución de planes consensados

Señalan también los siguientes limitantes de esta iniciativa:

-No contempla mecanismos efectivos para la participación ciudadana-gubernamental:

-El Consejo Nacional sería consultivo y la Conagua nombraría sus integrantes; los Consejos Regionales serían dominados por grandes usuarios.

-La “participación” en los Consejos Regionales se determinaría por el volumen de agua concesionada, no desde una perspectiva de derechos humanos, si no dando más poder a quien ya lo tiene

-Perpetuaría las actuales dinámicas de compra, venta y especulación en concesiones y derechos al agua.

-No contempla mecanismos para corregir las graves dinámicas de sobreexplotación, acaparamiento ni del abuso de poder.

-Perpetúa una dinámica bajo la cual una autoridad central “ajusta” la disponibilidad para favorecer un nuevo megaproyecto no sustentable, como ha pasado con las empresas Goldcorp en Zacatecas, Constellation Brands en BC, Modelo en Hidalgo, y Agsal en Coahuila.

-No contiene mecanismos eficientes y exigibles para que la autoridad en la materia sea obligada a corregir las dinámicas de sobreexplotación (114 cuencas, 115 acuíferos) y acaparamiento (70% de las aguas concesionadas están en manos del 2% de los concesionarios).

-No contempla mecanismos para la contraloría social del agua.
Fragmentaría y debilitaría a la Conagua, al crear un “Servicio Nacional Hídrico”, el cual invade competencias del actual Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua.

-Mantendría prácticas discriminatorias en contra de pequeños concesionarios (98% del total) al exigirles los mismos requisitos que a los grandes usuarios (concesiones mayores a un millón de metros cúbicos al año)

-Perpetuaría la contaminación impune, al determinar que cada concesionario contratará su propio inspector (“tercero autorizado”), y al no contar con mecanismos para obligar la reparación de daños por parte de los concesionarios que contaminen en violación de la normatividad.

La agrupación llama al Congreso de la Unión a tomar en cuenta la Iniciativa Ciudadana presentada el 4 febrero que cuenta con el importante respaldo de 198,129 firmas validados por el Instituto Nacional Electoral. Así mismo hacemos mención que nuestra Iniciativa fue presentada también y turnada en el Senado, a través de 34 Senadores, y en la Cámara de Diputados a través de los 36 diputados.

Exigimos un proceso coordinado entre las dos comisiones dictaminadoras que respete los principios de Parlamento Abierto y dé voz a la Iniciativa Ciudadana como mandata la Constitución.