Acusan a empresario yucateco de matar millones de abejas en Quintana Roo

Publicado agosto 18, 2018, 8:23 pm
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Con información de El Financiero

Más de 300 colmenas de abejas, de 18 apicultores del ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, Quintana Roo, fueron afectadas por los empleados de un empresario que aplicaron un químico tóxico para fumigar su terreno y sembrar chile habanero.

Cada colmena tiene la capacidad para albergar miles de abejas, en ocasiones de 50 mil a 80 mil, por lo que se estima que la afectación a más de 300 colmenas provocó la muerte a millones de abejas que estaban en un radio de cuatro kilómetros de distancia.

Wilson Ayala Mex, uno de los apicultores afectados, dijo que ésta es la muerte de abejas más numerosa de que se tenga memoria en la historia de los pobladores del ejido Candelaria.

Desanimado y preocupado, Wilson Ayala explica que las repercusiones del desastre no se reducen a un tema ambiental.

La muerte de estas abejas representa un fuerte golpe económico, pues los volúmenes de miel para la cosecha más cercana, entre octubre y noviembre de este año, se han perdido y, con ello, los ingresos de familias mayas que viven de la producción mielera.

Las pérdidas por abejas, cera y miel se estiman en un promedio de dos millones 300 mil pesos, de acuerdo con un cálculo preliminar elaborado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible–Península de Yucatán (CCMSS-PY), que junto con jóvenes de los ejidos de Candelaria I y II echaron a andar la iniciativa ‘Desarrollo Inclusivo de la Apicultura en José María Morelos’.

En el proyecto participan más de 30 jóvenes de nueve ejidos de dicho municipio para fortalecer los medios de vida de las juventudes que ven en sus comunidades una oportunidad de crecimiento.

Los ocho jóvenes de Candelaria I y II, todos menores de 24 años, emprendieron su iniciativa con 28 colmenas que subieron a 30 en el primer semestre de 2018, y apenas el siete de agosto habían recibido una visita técnica para evaluar su desempeño, que fue calificado como exitoso, de acuerdo con María del Carmen Sánchez, asistente técnico de la iniciativa.

“Un día después de la visita, empleados de un empresario originario de Yucatán, identificado como Pablo Mendoza, hicieron una fumigación en un terreno para una plantación de chile habanero y utilizaron un químico llamado Regenet 4SC, cuyo efecto abarcó cuatro kilómetros y mató a miles de abejas de los apicultores”, explicó el apicultor.

Los daños aún siguen cuantificándose, pero, de manera preliminar, el Consejo Civil contabilizó -con ayuda de los apicultores afectados- entre 331 y 335 colmenas de abejas Apis melífera impactadas, sin poder determinar la afectación a las abejas silvestres, importantes polinizadores de la selva.

Wilson detalló que, desde el miércoles 8 de agosto, algunos apicultores detectaron un comportamiento “inusual” en las abejas, lo que se tradujo en una mortandad masiva en los días subsecuentes.

El viernes fueron a revisar otros apiarios, en donde encontraron el suelo tapizado de abejas muertas. Las pérdidas fueron totales.

“También se habló con el dueño del terreno, que al principio tuvo resistencias y se negaba a dar crédito de lo que pasó. Estaba muy renuente, hasta que él mismo vio. Se quedó impactado”, expresó Wilson Ayala.

Los empleados del empresario de Yucatán dieron el nombre del químico usado para la fumigación. Se trata de fipronil, un químico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, altamente tóxico para las abejas. Este compuesto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un plaguicida de ‘clase II’.

Sin embargo, al ver la magnitud de lo sucedido, modificaron su versión inicial y aseguraron que se uso un químico orgánico.

Los apicultores intentaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público, en José María Morelos, pero la autoridad inicialmente les negó ese derecho, bajo dos argumentos: uno de ellos que la institución carece de competencia para intervenir en la muerte de animales; y el otro, que la muerte de abejas no es un delito.

“Luego también nos dijeron que, como el dueño fumigó en su terreno, pues que no hay delito”, agregó Wilson.

El argumento es inexacto, toda vez que el Código Penal de Quintana Roo posee un capítulo que versa sobre los Delitos en Materia de Apicultura y, en su artículo 147, fracción II, indica que incurren en ese delito los que “destruyan colmenas, miel, abejas, panales y productos apícolas”.

Finalmente, cuatro días después, la denuncia fue admitida. La autoridad ministerial tendrá que enviar personal a la zona impactada para recabar evidencias. Además, el viernes uno de los jóvenes apicultores acudirá al ministerio público para programar la fecha en que se ampliarán las declaraciones.

Las más de 300 colmenas afectadas y las cientos de miles de abejas muertas, debido a la fumigación con fipronil, cumplen con el tipo penal marcado.

Mientras en el Senado presentan un atlas para proteger a las abejas, en Yucatán un empresario amigo de políticos poderosos las mata con una fumigación ilegal y descontrolada

Aurora Xolalpa, especialista en abejas, quien labora en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), está apoyando a los apicultores con la toma de varias muestras de abejas muertas.

Ayala Mex se llevó al menos 100 de ellas para entregarlas a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como al comité estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.

Poderoso ranchero ‘mata-abejas’

El caso se suma a la mortandad de miles de abejas que propició el empresario Jacobo Xacur Eljure, quien realizó una fumigación aérea en sus ranchos, pero el plaguicida llegó hasta colmenas instaladas en las orillas de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, donde también afectó cultivos, vegetación, flores y hasta el agua donde anidan flamingos y diversas especies acuáticas.

La fumigación aérea se realizó sin licencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y lo peor de todo, sin las medidas adecuadas para evitar daños a terceras personas.

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