MÉXICO.- Este martes, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la estrategia para hacer frente a las empresas factureras, las cuales serán denunciadas por defraudación fiscal y lavado de dinero, para equipararlas con delincuencia organizada.
Durante la conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, explicó que se atacará “al que vende facturas, y a los grupos criminales. Se acabó la fiesta”.
Este martes, anunció, “se presentan siete querellas contra los grupos principales factureras, para tratar de cuadrar dos delitos: defraudación fiscal y lavado de dinero, para equiparar a delincuencia organizada”.
Informó que se hacen en referencia al ejercicio fiscal de 2017.
Añadió que a las personas que hayan adquirido facturas falsas se les hará un exhorto “pensando que actuaron de buena fe”. “Se les van a dar tres meses para que cumplan y se regularicen. Si no lo hacen, la procuraduría presentará las querellas” correspondientes, aseguró.
“Aquí es donde vemos el cambio verdadero en la parte fiscal”, añadió el procurador Romero Aranda. “Hay decisiones que ha tomado el presidente que permiten un antes y después. Es importante dejar en claro que antes no se llevaban investigaciones”.
Previamente, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), indicó que el primer paquete de denuncias es contra 43 empresas factureras, con las que participaron 8 mil 212 empresas y personas. Estas empresas presentaron operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, que causaron 24 mil 583 mpd de ISR y 11 mil 396 mdp de IVA.
Además, estas empresas no pagaron al SAT la retención de ISR, con un valor de 19 mil 146 mdp.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el fraude con facturas falsas participaron la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), partidos políticos, periodistas, gobiernos, funcionarios públicos, Radio y Televisión Hidalgo, el Club Atlas y más.
Todos serán requeridos y que la defraudación fiscal podría superar los 50 mil millones de pesos. Las denuncias serán contra 43 empresas defraudadoras y ocho mil contribuyentes, personas físicas y morales.
Raquel Buenrostro señaló que se están ya presentando denuncias penales contra las factureras y que se citará además a quienes recurrieron a ellas.
El Gobierno de México presentará un primer paquete de denuncias en el caso de las factureras contra el fraude fiscal de 43 empresas que realizaron evasión de impuestos al SAT por un valor total de 55 mil 125 millones de pesos.
La jefa del SAT explicó que el modus operandi de estas compañías consistía en la simulación de facturas sobre bienes o servicios simulados o inexistentes, así como el incremento de gastos falsos, para la disminución en los beneficios registrados por la empresa y la posterior disminución en sus obligaciones tributarias.
Buenrostro señaló que en este fraude llegaron a participar hasta ocho mil 212 empresas en una red que presentó operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos. La funcionaria añadió que este tipo de operaciones también se utilizaron para operaciones ilícitas a través del blanqueo de dinero.
Las compañías generaron un fraude fiscal de 24.583 millones de pesos (972 millones de euros) en el Impuesto Sobre la Renta y de 11.396 millones de pesos (450 millones de euros) en el IVA.
Las empresas que se han visto expuestas a esta red de fraudes se caracterizan por no tener empleados en muchos casos y se reparten en diferentes sectores como comercio e industrias manufactureras, aunque en los últimos años se han trasladado hacia el área de servicios por la complejidad en comprobar dichos fraudes en este sector, según Raquel Buenrostro.
El Gobierno enviará una carta a los posibles defraudadores para que regularicen su situación en un periodo de tres meses, incluso para aquellos contribuyentes que no sabían de dicha irregularidad y han participado en el fraude de manera involuntaria. En el caso de que no se produzca dicha regularización, la Procuraduría Fiscal podría imponer penas de hasta nueve años de prisión.
López Obrador, anunció ayer una persecución legal contra un “fraude monumental” de facturas falsas equivalente al 30 por ciento de los ingresos del Gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios.
El mandatario dijo que en la última década han operado en el país empresas dedicadas a “falsificar facturas mediante mecanismos de lavado de recursos para no pagar por completos los impuestos”.
“Se creó un sistema de recaudación paralelo, un sistema fiscal informal en donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas y se cometió un gran fraude”, expresó.
El Presidente estimó que la evasión “equivalía hasta el 30 por ciento de los ingresos del Gobierno”, por lo que “estamos hablando de un fraude monumental”.
