[vc_row][vc_column][vc_column_text]Integrantes familia Argáez López, directivos de la financiera Crecicuentas-Hagamos Más, permanecerán un tiempo más en el penal meridano ya que les negó continuar su proceso en libertad.
Durante la audiencia para la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en contra del matrimonio Miguel Ángel Argáez Ordaz y Lina Rubí de Guadalupe López Conrado, así como sus hijas, Claudia Rubí y Lourdes Argáez López, el abogado defensor de los denunciados solicitó que sus clientes tengan libertad condicional, utilizando brazalete u otra medida cautelar, pero se les negó.
La representante de la Fiscalía General del Estado (FGE) estableció que se trata de una querella por un delito menor, el cual no amerita la prisión, pero debido al número de denuncias que integran un solo expediente, así como el monto del supuesto fraude, de 22 millones 233 mil 308 pesos, es necesario su permanencia en el Centro de Reinserción Social (Cereso).
Los quejosos, muchos de ellos de la tercera edad, principalmente de Tekax, Oxkutzcab y Mérida, aprobaron la postura de la FGE, y añadieron que hay el temor de que se den a la fuga, principalmente, al extranjero, pero los procesados expresaron que sus pasaportes ya vencieron, pero no lo comprobaron.
Durante el evento, efectuado en el Juzgado Primero Penal, del antiguo sistema de justicia, una de las afectadas, María Fernanda Polanco Castillo, aseveró que “sólo queremos que nos devuelvan nuestro dinero, tal como lo entregamos, ni uno de más ni uno de menos. Que se devuelva el dinero, sin más pérdida de tiempo”.
Asimismo, otro de los afectados le preguntó a la juez Rubí Guadalupe González Alpuche, sobre el tiempo que durará el proceso, y ella explicó que la Ley marca un año, pero debido a las circunstancias, sería más tiempo.
En primer lugar, “ustedes manifiestan que hubo un fraude, que no les quieren devolver su dinero, pero ellos (los hoy detenidos) alegan lo contrario, por ello es necesario efectuar careos”.
Explicó que el expediente contempla 67 querellantes, además que hay 59 testigos, por lo se necesitaría efectuar 126 careos, y si se realizara uno cada cuatro días, por lo que la cifra es mayor de un año, siempre y cuando cada uno acuda a su respectiva cita, para evitar atrasos, o bien, pueda surgir algún imprevisto.
Ejemplificó el caso de que los hoy detenidos promovieron un amparo, por lo que un juez federal analizará si lo otorga o no, mientras tanto, hay que esperar la resolución para luego retomar el caso.
El tiempo se acortaría, siempre y cuando los hoy denunciados lleguen a un acuerdo con los quejosos, y se comprometan a pagar el supuesto monto defraudado.
Asimismo, otro inconforme manifestó que el problema lleva siete años y hasta el momento no hay justicia, González Alpuche le aclaró que en su caso, el procedimiento apenas empieza, ya que el caso se lo acaban de pasar.
En segundo lugar, aseveró que “si hay justicia, por eso está detenidos, y están delante de ustedes como probables responsables delito de fraude, ahora el resolutivo, aún no está definido”.
Uno de los presentes hizo mención de la supuesta complicidad del ex secretario de gobierno y posteriormente, titular de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), Víctor Caballero Durán, pero la juez lo frenó de manera inmediata, y le aclaró que esa postura no compete al caso, por lo que tal versión no puede integrarse en el expediente.
Hasta el momento, sólo están detenidos cuatro de los directivos de la Cooperativa de Fomento Regional de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable” así como de “Esperanza Equitativa, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.”, ambas son mejor conocidas como “Crecicuentas”.
El presunto cabecilla del megafraude, Miguel Ángel Argáez López, así como su hermano Jorge Alberto, se presentaron amparados al juzgado y mediante un memorial rindieron su declaración.
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