[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ex comisarios y ejidatarios vinculados con el ex gobernador Rolando Zapata Bello extrajeron ilegalmente, de diversos terrenos de Chocholá, ductos abandonados de Petróleos Mexicanos (Pemex), denunció Rodolfo Paredes Quintal, uno de los afectados.
Afirmó que lo peor de todo, los responsables del ilícito aún siguen libres, e incluso se desconoce el avance de la denuncia interpuesta en su contra.
Indicó que en diciembre de 2018, el ex comisario Paulino May Moo y el ejidatario Arturo Gómez realizaron “tratos” con un supuesto empresario que deseaba comprar los ductos que la paraestatal dejó de utilizar.
Mencionó que con retroexcavadoras se invadieron terrenos ejidales, particulares y en litigio con tal de aprovechar el material abandonado, labor que realizaron a lo largo de un día.
Aseveró que May Moo fue el encargado de reclutar a los trabajadores, a quienes por jornada, se les pagó 300 pesos, mientras que “él se llevó la mayor parte del dinero que le dieron para que reparta”.
Hasta el momento, sólo el propietario del rancho Hobolchakáh ya interpuso una denuncia, por el delito de allanamiento de morada.
Agregó que el presunto “empresario” les pagó por el permiso para “abrir las tierras y sacar los ductos”, para lo cual mostró el supuesto permiso otorgado por Pemex.
Resaltó que May Moo invadió terrenos ejidales y particulares, pues en ningún momento solicitó permisos a los comisarios así como a los dueños de las propiedades.
Comentó que también allanó terrenos en litigio, es decir, en los cuales están vigentes las medidas cautelares otorgadas por el Tribual Unitario Agrario (TUA) número 034, tal el caso del área donde está la calera de Chocholá.
Remarcó que después de dicha acción, al lugar llegaron agentes federales, para la detención de May Moo, pero en ese momento no estaba en su casa.
Paredes Quintal dijo que desconoce el avance de la investigación sobre el supuesto robo de los ductos de Pemex, y hasta el momento no hay una notificación alguna sobre la invasión registrada en terrenos ejidales.
Aclaró que también continúa estancado el litigio que hay en contra de la calera de la constructora Proser, propiedad de la familia Abraham Mafud, la cual de manera ilegal se empezó a construir en el Sur del Estado, y cuya labor continúa a pesar de la vigencia de las medidas cautelares.
Expresó que el problema afecta a unos 700 parcelarios del Sur del Estado, quienes “están confiados en recuperar su patrimonio”.
Los propietarios de la calera de dicha constructora se apoderaron de una extensión de 15 hectáreas, para la extracción y aprovechamiento de material pétreo para la obtención de material para el sector de la construcción.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
