Demandan por difamación a dirigentes y candidatas de Movimiento Ciudadano

Representante legal de la empresa A Moot Point recurre a la Fiscalía para desmentir las declaraciones vertidas ante medios de comunicación en días pasados, en el sentido de que la compañía que representa desvió recursos públicos estatales.

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La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, junto con las candidatas al senado, Ana Rosa Payán Cervera y diputada local, Milagros Romero Bastarrachea, fueron demandadas penalmente por José Luis Tamayo, representante legal de la empresa A Moot Point, por el delito de difamación.

Tamayo acudió a la agencia 35 de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en el fraccionamiento Cordemex de esta ciudad, para desmentir las declaraciones vertidas ante medios de comunicación en días pasados en el sentido de que la empresa que representa desvió recursos públicos estatales.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en el estado se encontraba en dicha agencia, acompañada del presidente del PAN Yucatán, Edgar Ramírez Pech, para pedir que se investigue su caso.

Al mismo tiempo, el representante legal de la empresa se presentó para interponer la denuncia UNATD 35-GC/1400/2018 se asienta que las tres imputadas de manera negligente e irresponsable y con dolo, imputaron a la empresa, ventilándolo ante los medios de comunicación, motivadas por fines electorales, lo que ha ocasionado perjuicios y daños a la reputación de la compañía.

De acuerdo con Tamayo, adicional al ámbito penal, en días posteriores presentará una demanda por la vía civil ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el daño moral y perjuicios que los dichos de López Escoffié le ocasiona a la compañía.

El representante legal aseguró que A Moot Point es una empresa que, como muchas otras ha obtenido sus contratos legalmente, a través de licitaciones públicas, además de que ofrece servicios y genera empleos que benefician a la entidad.

Por ello, no permitiremos que hagan de la empresa un botín político, ocasionando pérdidas a la compañía y a sus trabajadores, afirmó José Luis Tamayo.

La difamación ha ocasionado pérdida de contratos millonarios, así como desprestigio comercial a sus socios y accionistas.

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