Al diablo con la Codhey y otras instituciones

El proceso de selección de presidente de la Comisión de Derechos Humanos ratifica que ese y otros organismo que se suponen autónomos sean agencias de colocación de amigos, amigas, compradres y comadres. Un ejemplo: la funcionaria rolandista Martha Góngora Sánchez es una de las aspirantes a la nueva presidencia de la Codhey. En un país de instituciones fuertes y a favor del ciudadano, ese posibilidad no debería siquiera caber.

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Radar Político/Columna

El anunciado proceso para renovar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Dochey) ratifica la condición que tienen esa y otras instituciones de ser agencias de colocación de amigos y compadres, y ahora también de amigas y comadres.

Desde hace unos días asociaciones civiles ponen el dedo en la llaga y señalan, por primera vez con todas sus letras, lo costosa e inútil que es para los ciudadanos la Codhey.

En este 2018 la Codhey ejerce un presupuesto de 36.5 millones de pesos y para el próximo ya solicitó que aumente a 50 millones de pesos, porque planea cambiar de sede y ahí sus gastos aumentarán.

La mayor parta de este presupuesto de la Codhey se destina a gasto corriente, es decir, sueldos y prestaciones de sus empleados y funcionarios, y quien se lleva la tajada más grande es, por supuesto, el presidente del organismo, que de acuerdo con activistas cobra un sueldo que ronda los 70 mil pesos mensuales, más viáticos, gasolina, gastos de representación y otros que ya ni el gobernador tiene.

Entre los aspirantes se menciona como el “candidato natural” al actual encargado del despacho de la Codhey, Miguel Sabido Santana, pues ese ha sido el camino que han recorrido en los últimos años los presidentes, primero son secretarios ejecutivos y luego presidentes.

Sin embargo, hay un peligro mayor, pues se menciona que entre la terna para elegir al presidente de Codhey estaría el nombre de Martha Góngora Sánchez, quien fue secretaria de Gobierno en el último tramo de la administración rolandista.

¿Es posible que un organismo que se supone autónomo vaya a tener como presidenta a una funcionaria de un gobierno que comienza a ser cuestionado en muchas de sus acciones?

Esa posibilidad en un país de instituciones fuertes y a favor del ciudadano ni siquiera debería caber.

Así está el panorama con los derechos humanos en Yucatán. Sin duda, como dijo en una ocasión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dan ganas de mandar al diablo a las instituciones.

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