Activistas denuncian desacato de la granja porcícola de Homún

Papo ha tenido un mes para retirar los cerdos del lugar y no lo ha hecho, por lo que lleva un mes en rebeldía, advierten concesionarios de cenotes e integrantes de grupo Indignación.

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Las agrupaciones Guardianes de los Cenotes e Indignación solicitaron al Juzgado Cuarto Federal aplique las sanciones legales contra los propietarios de la mega granja porcícola de Homún, por incumplimiento a la orden de suspender actividades, y de ser necesario ordenar el uso de la fuerza pública.

“La mega granja porcícola ha tenido un mes para retirar los cerdos del lugar y no lo ha hecho. Por lo que lleva un mes en desacato”, denunció José Clemente May Echeverría, presidente de Los Guardianes de los Cenotes.

En conferencia de prensa, May Echeverría recordó que al cumplirse el plazo, presentaron ante el Juzgado Cuarto Federal un incidente de incumplimiento de la suspensión para que se proceda como corresponda, pues en la resolución del pasado 24 de octubre, la magistrada Míriam Cámara Patrón, explicó que ese desacato puede dar lugar a responsabilidades penales y civiles.

Recordó que a la medianoche de anteayer, venció el último término que la autoridades federal estableció para que la mega-granja porcícola que opera en Homún termine de sacar los cerdos.

“Cabe mencionar que la orden de suspensión la decretó la Juez Cuarto de Distrito desde el pasado 1 de octubre, cuando concedió la suspensión provisional como medida precautoria ante la posibilidad de daños irreparables en el amparo presentado por seis niños y niñas de Homún cuyo derecho a la salud, al medio ambiente sano se vería afectado por la operación de la granja”, aseveró.

Ante el desacato de este primer dictamen, el pasado nueve de octubre la justicia federal reiteró la medida al conceder la suspensión definitiva –en tanto se resuelve el amparo– después de una inspección judicial a la empresa.

Sin embargo y en pleno desacato, una comisión de diputados locales que parece maniobrar a favor de la empresa porcícola, visitó las instalaciones el pasado lunes y expresó opiniones favorables a la operación del sitio, lo que deja ver que los legisladores insisten en desconocer o ignorar la determinación del pueblo de Homún que rechazó la construcción de la granja a través de una consulta organizada por el propio pueblo maya, denunciaron los activistas.

“El Congreso del Estado parece burlarse de la autoridad judicial, al participar en una visita a una granja cuyo funcionamiento implica un desacato a la Juez Cuarto de Distrito y una maniobra tramposa de la empresa para desobedecer la orden judicial”, lamentó Las agrupaciones Guardianes de los Cenotes e Indignación solicitaron al Juzgado Cuarto Federal aplique las sanciones legales contra los propietarios de la mega-granja porcícola de Homún, por incumplimiento a la orden de suspender actividades, y de ser necesario ordenar el uso de la fuerza pública.

“La mega-granja porcícola ha tenido un mes para retirar a los cerdos del lugar y no lo ha hecho. Por lo que lleva un mes en desacato”, denunció José Clemente May Echeverría, presidente de Los Guardianes de los Cenotes.

En conferencia de prensa, May Echeverría recordó que al cumplirse el plazo, presentaron ante el Juzgado Cuarto Federal un incidente de incumplimiento de la suspensión para que se proceda como corresponda, pues en la resolución del pasado 24 de octubre, la magistrada Miriam Cámara Patrón, explicó que ese desacato puede dar lugar a responsabilidades penales y civiles.

Recordó que a la medianoche de anteayer, feneció el último término que la autoridades federal estableció para que la mega-granja porcícola que opera en Homún termine de sacar a los cerdos que en ella se encuentran.

“Cabe mencionar que la orden de suspensión la decretó la Juez Cuarto de Distrito desde el pasado primero de octubre, cuando concedió la suspensión provisional como medida precautoria ante la posibilidad de daños irreparables en el amparo presentado por seis niños y niñas de Homún cuyo derecho a la salud, al medio ambiente sano se vería afectado por la operación de la granja”, aseveró.

Ante el desacato de este primer dictamen, el pasado nueve de octubre la justicia federal reiteró la medida al conceder la suspensión definitiva –en tanto se resuelve el amparo– después de una inspección judicial a la empresa.

Sin embargo y en pleno desacato, una comisión de diputados locales que parece maniobrar a favor de la empresa porcícola, visitó las instalaciones el pasado lunes y expresó opiniones favorables a la operación del sitio, lo que deja ver que los legisladores insisten en desconocer o ignorar la determinación del pueblo de Homún que rechazó la construcción de la granja a través de una consulta organizada por el propio pueblo maya.

“El Congreso del Estado parece burlarse de la autoridad judicial, al participar en una visita a una granja cuyo funcionamiento implica un desacato a la Juez Cuarto de Distrito y una maniobra tramposa de la empresa para desobedecer la orden judicial”, lamentó May Echeverría.

Los Guardianes de los Cenotes también denunciaron a representantes y dueños de la empresa que han acusado a “cenoteros” de haberles pedido millones de pesos. Al señor Ricardo Díaz Montes de Oca -miembro del Consejo de Administración de Producción Alimentaria Porcícola (PAPO)-, le exigieron decir quién lo extorsionó e interponer la denuncia correspondiente.

Lourdes Medina Carrillo, representante legal de ambos grupos, instó a las autoridades que se aplican las multas correspondientes, las cuales pueden alcanzar los 30 mil días de salario mínimo para la empresa y la inhabilitación para las autoridades involucradas, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y el Ayuntamiento de Homún.Los Guardianes de los Cenotes también denunciaron a representantes y dueños de la empresa que han acusado a “cenoteros” de haberles pedido millones de pesos. Al señor Ricardo Díaz Montes de Oca -miembro del Consejo de Administración de Producción Alimentaria Porcícola (PAPO)-, le exigieron decir quién lo extorsionó e interponer la denuncia correspondiente.

Lourdes Medina Carrillo, representante legal de ambos grupos, instó a las autoridades que se aplican las multas correspondientes, las cuales pueden alcanzar los 30 mil días de salario mínimo para la empresa y la inhabilitación para las autoridades involucradas, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y el Ayuntamiento de Homún.

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